Las_Homilías_del_Padre_Ramón: 07/01/2008

Foto sacada de: diario El Publico

Cuando la Guardia Civil impide por la fuerza que un grupo de camioneros, armados hasta los dientes con sus camiones de grandes tonelajes, colapse todo un país, los presuntos huelguistas del presunto paro acusan al gobierno de conculcar su sagrado derecho a la huelga.

Cuando detuvieron al alcalde de Totana (Murcia) por los presuntos delitos de corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de dinero, gritaba ante la prensa, al más puro estilo etarra en el momento de su arresto, que su detención obedecía a un plan siniestro del gobierno para desprestigiar a su grupo político, al Partido Popular.

Cuando Jiménez Losantos supo ayer que se le condenaba por los delitos de injurias graves contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no perdió ni un minuto en insinuar que la medida era un ataque a la libertad de expresión. Bueno, al menos a la libertad de su expresión. En cierto modo venía a decir que no hay derecho a que la gente de bien no pueda decir públicamente que el vecino es un hideputa y ladrón, insinuar que el ejército debería dar un golpe de estado o que la Iglesia tendría que excomulgar a todo el gobierno socialista. Amén (¡Jesús!) de otras bagatelas que adornan su famosa libertad de expresión.

Por supuesto que cada barricada se maneja con su particular versión del diccionario o del código penal para retorcerlos a su gusto hasta que confiesen. Pero que alguien como Jiménez Losantos se haya constituido como la mayor fuente de ingresos de la patronal episcopal, gracias a lo recaudado por su púlpito de rencor, no justifica que la estabilidad financiera de la Iglesia española deba sustentarse sobre la injuria continuada. Supongo que hasta su dios se hartaría algún día de que Rouco se confesase todas las semanas del mismo pecado (y no me refiero al mismo pecado recurrente que les obsesiona, sino al de la calumnia, la insidia, la mentira y la incitación al enfrentamiento que predican a diario estos profesionales de la inmoralidad).

En lo que sí estoy de acuerdo con Losantos (no os alarméis) es que 36.000 euros de multa son una barbaridad. Y más aún sabiendo que Gallardón pensaba donarlos generosamente a la AVT, que tanto cariño ha recibido del injuriador de la COPE. Lo lógico es que hubiese sido condenado a pagar los 73.000 euros que pedía el fiscal, o más. Quizá por ello ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El pobre (hoy un poco más pobre) no sabe cómo ayudar a las víctimas del odio y del desvarío de la extraña Asociación de Víctimas del Terrorismo. Si es que en el fondo es un santo varón entre todos los santos del paraíso.